La Comisión Europea (CE) ha dado su visto bueno a los 1.280 millones de euros que España concedió a Correos como compensación por desempeñar su misión de servicio público entre 2011 y 2020, al considerar que respetan las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

“El acceso fácil a los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la Unión Europea. La decisión de hoy permite a Correos seguir ofreciendo servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin distorsionar de forma indebida la competencia”, según ha afirmado en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

El pasado mes de enero, España informó a la Comisión Europea de que pensaba compensar a Correos con 1.280 millones de euros por llevar a cabo su obligación de servicio postal universal durante el periodo 2011-2020, lo cual incluye ofrecer unos servicios básicos en todo el país “a precios asequibles y con ciertos requisitos mínimos de calidad”.

El Ejecutivo comunitario examinó la medida de acuerdo con las normas de la UE sobre compensaciones por realizar servicios públicos. Esas reglas permiten a los Estados miembros compensar a empresas por los costes adicionales derivados de desempeñar su misión de servicio público, si se respetan ciertos criterios.

Según Bruselas, en cualquier caso, siempre se debe evitar la sobrecompensación y evitar así las distorsiones en la competencia. Y la Comisión Europea ha constatado que la ayuda española garantiza que no tenga lugar dicha sobrecompensación, puesto que el apoyo estatal no sobrepasa el coste neto de la misión de servicio público.

“En particular, el modelo español garantiza que los descuentos concedidos a ciertos clientes no incrementan el coste neto de forma indebida”, ha reconocido la CE. Bruselas, además, considera “muy importante” que el Estado no compense las pérdidas derivadas de esos descuentos, ya que “no son resultado de las obligaciones impuestas al proveedor del servicio universal”.

Bruselas también ha rechazado una queja presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones que consideraban que Correos había recibido ayudas públicas ilegales y destacaban, en particular, la necesidad de evitar que los descuentos ofrecidos por la compañía postal los compensara el Estado.

La decisión de hoy también tiene en cuenta el compromiso de las autoridades españolas de notificar a tiempo, durante 2020, las compensaciones previstas por realizar la misión de servicio público entre 2021 y 2025.

Fuente: Comisión Europea